El eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, tras mantener una reunión con otros representantes de los grupos de la Eurocámara, ha firmado dos cartas dirigidas al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y al Consejo General del Poder Judicial pidiendo la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra la Ley Hipotecaria de España.

En la carta dirigida a Rajoy asegura que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014, ha establecido que el procedimiento de ejecución hipotecaria recogido en la Ley de enjuiciamiento civil, es contrario a la Directiva Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores.

La sentencia establece que, asimismo, el citado procedimiento vulnera el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que conculca los derechos procesales de los deudores hipotecarios al desprotegerlos frente a la posición de los acreedores, la banca, afectando a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el marco de un juicio justo con todas las garantías.

«El contenido de esta sentencia es de obligado cumplimiento para los Estados miembros de acuerdo con la legislación comunitaria, por lo que exigimos a su Gobierno que actúe con urgencia para que se produzca la corrección legislativa inmediata de esta conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Con esta misiva firmada por Sebastià y otros eurodiputados se reclama al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar la adecuación inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso al Derecho europeo tal como ha sido interpretado en esta relevante sentencia del TUE. «Asimismo, el Gobierno adoptará las iniciativas urgentes que procedan para adaptar la legislación española a las determinaciones y contenidos de dicha sentencia, por lo que en ningún caso sigan produciendo situaciones contrarias a Derecho».

Asimismo en la carta dirigida al Consejo General del Poder Judicial se reclama que «para garantizar la aplicación de estos preceptos exigimos al órgano de gobierno de los jueces que elabore un documento informativo sobre los contenidos y repercusiones de esta sentencia, que difunda inmediatamente entre las autoridades judiciales del Estado y efectúe un seguimiento de la jurisprudencia emanada de los tribunales españoles después de la publicación de esta sentencia».

Según ha señalado Sebastià «estamos ante una sentencia histórica que va en la línea de nuestro posicionamiento de que deben rescatar a las personas y no a los bancos, como han venido realizando los gobiernos españoles en los últimos años, por eso reclamamos que, con urgencia, se articulen todos los mecanismos para su aplicación».